Le ponen la lupa a contrataciones de los programas de alimentación para niños wayuu

La Procuraduría General de la Nación le pidió al ICBF información detallada sobre la contratación de los programas de alimentación que benefician a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad wayuu.

Dentro de las exigencias que le hizo el Ministerio Público al ICBF se encuentran especificar la fundación u operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos como el valor, el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio y toda la información de la representación legal.

Según el ente de control estas acciones se deben a las constantes “denuncias realizadas por las autoridades del pueblo wayuu, los cuales manifiestan presuntos hechos de corrupción en la forma en que se está llevando la contratación directa para la modalidad propia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, señaló la Procuraduría a través de un comunicado de prensa.

Así las cosas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con su Regional La Guajira, deberá proporcionar la información solicitada por la entidad y proceder a hacer un seguimiento estricto del presupuesto que ejecutó el ICBF con las distintas fundaciones que prestan los servicios de atención y alimentación a los niños del pueblo indígena wayuu.

El ente de control también recordó “la importancia de acatar cabalmente la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales (…) a la alimentación equilibrada y al acceso al agua potable de los niños y niñas pertenecientes a la comunidad wayuu asentada en los municipios de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure”.