La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para Entidades Territoriales y Diálogo Social, inició acción preventiva de vigilancia superior ante las denuncias sobre la mala calidad en el servicio de energía en siete departamentos de la Costa Atlántica por parte de los operadores AIR-E y AFINIA.
Las inconformidades evidenciadas por la comunidad, vocales de control, personerías y medios de comunicación, se resumen en la baja calidad de la prestación del servicio con interrupciones en intervalos largos y frecuentes; presuntas irregularidades en el cobro de la facturación, y falta de claridad en la cesión del contrato con los prestadores y en los cobros por verificación de conexión.
En este sentido, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), a adelantar cuanto antes acciones para evitar que continúen los presuntos perjuicios a las comunidades afectadas; los posibles detrimentos al erario público, y se preste un servicio de energía con calidad en la Costa Atlántica, de conformidad con lo estipulado en los contratos asumidos por los prestadores.
Las quejas también fueron trasladadas por este órgano de control a la Superservicios y se requirió a la CREG ante la inconformidad de los gremios y de la comunidad por el aumento de tarifas aprobado a los prestadores. También pidió dar respuesta a lo establecido en la Resolución CREG 015/2018 en términos de la calidad del servicio y los cargos autorizados.
Por último, este organismo de control, en ejercicio de sus funciones adelantará las acciones a las que haya lugar contra funcionarios o personas privadas que tengan a cargo la prestación de servicios públicos, por la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
