El grupo ‘Menudo’ de Altahona y Mantilla que ha “bailado” con el PBOT de Puerto

Hay una “calma chicha”, como dirían los abuelos en el municipio de Puerto Colombia-Atlántico.

Luego de la captura del exalcalde de la población Carlos Altahona, hoy preso en la Cárcel de Sabanalarga, por presuntos casos de abuso sexual con menores de edad, los habitantes de estas tierras están a la expectativa por lo que pueda suceder con un tema que tiene muchas espinas y es el del famoso PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial), el cual habría sufrido algunas modificaciones para beneficios particulares que estarían por el orden de los 15 mil o 20 mil millones de pesos.

Este proceso, tiene la lupa de la Fiscalía General de la Nación y recordemos que fue demandado por el abogado especialista en urbanismo Óscar Hernández Rúgeles, quién notifico con varios meses de anticipación las irregularidades que se cometerían si el PBOT era aprobado.

Para el abogado Hernández Rúgeles, al momento de aprobar este Plan Básico de Ordenamiento Territorial, se cometieron ilegalidades porque no se cumplieron con los requisitos de ley y hasta pudo haber falsedad de documentos públicos y privados

Mucho se ha dicho de este proceso y poco se ha hecho para llegar a los responsables de estas presuntas irregularidades que se habrían cometido desde la Alcaldía de Puerto Colombia.

Hora 7/24 durante más de dos semanas ha estado visitando esta población y el equipo periodístico ha recaudado suficiente información que mostraría cómo fue diseñada la ruta por la cual se escaparon miles de millones de pesos y tuvieron como destino final, los bolsillos de los particulares.

Todo inicia con el cuestionado y preso exalcalde del municipio de Puerto Colombia, Carlos Altahona Arraut, quién sería el primer beneficiario de lo que muchos califican como la “danza” de los millones a través de estos negocios del PBOT.

Altahona habría suscrito un contrato con la Universidad del Atlántico para la actualización y revisión general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Puerto Colombia y el Secretario de Desarrollo Territorial de ese entonces, Edison Massa Samper en el período 2011-2014 quién era supervisor del contrato de acuerdo con lo establecido en la Ley 388 de 1997.

Dicho contrato que después de un tiempo se da por terminado, fue revisado por Leonardo Vargas, quién era el Secretario Jurídico en ese momento y se inicia un nuevo proceso en la nueva administración a partir del año 2016 en cabeza del alcalde Steimer Mantilla Rolong. Con la llegada del nuevo alcalde, nace una nueva contratación y cuando aparece un señor llamado Hernando Franco Carbonell y de inmediato fungió como asesor externo del PBOT.

Algunas fuentes consultadas por este medio, aseguran que del nombre de Hernando Franco Carbonell, se desprenden muchas cosas que podrían tener algún vicio de ilegalidad y las cuales estarían siendo analizadas por la Fiscalía General de la Nación.

Firmado el contrato de asesoría para el PBOT en el municipio de Puerto Colombia entre el alcalde Steimer Mantilla y Hernando Franco Carbonell, este último organiza su equipo de trabajo, el cual dirigiría.

Aparece en escena Elkin Meza Del Valle, quien ha venido fungiendo como contratista de la administración municipal desde hace varios años a través de la Secretaría de Planeación.

Llega también Karen Ricardo, asesora jurídica con un contrato inicial en la administración de Stemier Mantilla de 5 meses por un valor aproximado a los 35 millones de pesos. Una fuente de la Alcaldía del municipio de Puerto Colombia, reveló que en este proceso del PBOT no se aprobaba los movimientos sin el visto bueno de ella y de Hernando Franco Carbonell.

“Ellos concentraban gran parte del poder cuando se trataba del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del pueblo”, manifestó la fuente.

María Cristina Pastrana y Stefany Méndez, han sido las encargadas de manejar todo lo referente a los usos de suelos y actualizaciones de planos y demás requerimientos que tengan que ver con el PBOT posterior a la aprobación del acuerdo. También son de resorte de Hernando Franco Carbonell.

“Prácticamente este señor Franco tenía una oficina paralela de la Secretaría de Planeación municipal”, sentenció otra fuente cercana a la investigación.

Y es que la Secretaria de Planeación, debe ser la supervisora del contrato ya que de acuerdo con la Ley 388 de 1997 todos los estudios para los planes de ordenamiento territorial y los contratos, deben ser supervisados únicamente por esa dependencia, teniendo en cuenta que deberán revisar los informes presentados por el contratista y elaborar un informe en caso de encontrar algo que se deba corregir y ser presentado al contratista o en su defecto al alcalde municipal. Eso que le correspondía en su momento a Mauricio Altahona Colpas, como Secretario de Planeación municipal, nunca se dio.

En la investigación periodística que este medio de comunicación ha realizado durante dos semanas, encontró que los anteriores funcionarios y asesores, al parecer trabajaban también de la mano de Saúl Leyva Hurtado, quien ha sido Secretario de Gobierno en la administración de Carlos Altahona y Steimer Mantilla, al igual que Secretario de Turismo. De este funcionario, muchas de las fuentes consultadas, señalaron que manejaría lo que se podría considerar como un “cartel” de los amparos policivos para que varios lotes a los que se les habría modificado el uso de suelo, entraran a jugar en el proceso del PBOT.

Jaime De La Hoz Botello, exfuncionario de la notaría del municipio, es considerado como una “eminencia” de los actos administrativos de tierras, por medio de los cuales, varios alegados a la administración municipal se han beneficiado de diferentes vacantes catastrales.

El proyecto de acuerdo para la aprobación del PBOT debía ser entregado por el contratista Hernando Franco a la Secretaría de Planeación y ésta a su vez, la remitiera mediante oficio al Concejo municipal. Estando este proyecto de acuerdo en el Concejo, se debía estudiar y si había la necesidad de detallarlo, podían contratar un asesor externo para que lo revisara y luego debía ser enviado nuevamente a la Secretaría de Planeación para que tuviera su visto bueno y remitirlo al Concejo para que a través de una sesión fuera aprobado, pero al parecer esto no sucedió.

El acuerdo 013 del 2017 fue aprobado por el Concejo municipal el día 5 de diciembre del 2017 pero el día 7 de diciembre del 2017 se pronuncia el Tribunal Administrativo declarando la nulidad de un acuerdo anterior, correspondiente a la modificación excepcional por ser ilegal y no cumplir con todos les estudios y requisitos de Ley, pero también manifestó que no se podía realizar la revisión general por ser también ilegal, y no importando lo anterior, el alcalde Steimer Mantilla aprobó el acuerdo mediante decreto el día 13 de diciembre del 2017 aún por encima del fallo del Tribunal Administrativo, lo cual podría considerarse como una falla grave que se constituiría en un delito contra la administración pública.

Ante estas situaciones, las oficinas de control interno en cabeza de Edwin Ojeda Vélez, debía pronunciarse y realizar las respectivas investigaciones o denunciar de ser necesario, pero nunca pasó, para los funcionarios de esta dependencia todo estaba bien, porque al parecer las actuaciones tenían el visto bueno del “padre” Carlos Altahona y el alcalde Steimer Mantilla.

Durante la consulta de más de una decena de fuentes de información arraigadas en el municipio de Puerto Colombia y otras cercanas a la investigación que adelanta la Fiscalía 43 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y Anticorrupción, conocimos muchos nombres de funcionarios, concejales, asesores y hasta secretarios de despacho que estarían cuestionados seriamente por sus actuaciones en la administración pública.

Nombres como el de la exconcejal Carmen Rojas y su esposo actual Concejal del municipio Adalberto Castro.

Alex Cabarcas, Carlos Camargo Fernández, Ralphy Serge Camargo, Luis Ortega Altahona exsecretario de Deportes en la administración Carlos Altahona, dicen que eran parte del grupo de personas de confianza del hoy detenido exalcalde y del actual mandatario Steimer Mantilla, para servir de puente y presuntamente negociar las modificaciones de los usos de suelos.

Andrés Álvarez; Duván De Ávila y Anthony Manotas, son otros nombres de personas que harían parte del grupo de jóvenes de confianza de Steimer Mantilla.

Cindy Marceles, exsecretaria de Turismo en el gobierno de Carlos Altahona y persona de su confianza fue colocada como la presidente de comité de ordenamiento territorial para que pudiera ser aprobado todo lo que pasará por sus manos.

Rafael Mancera LLanos, exsecretario de Hacienda, se encargó de realizar los pagos y transferencias de los contratos de PBOT y las fundaciones.

Keiler Calderin Gómez, actual precandidato a la Alcaldía de Puerto Colombia y exjefe de presupuesto de la administración Carlos Altahona. Habría aprobado todos los CDP (Certificados de Disponibilidad Presupuestal) para pagos a fundaciones y contratos del PBOT con la Universidad del Atlántico.

Manuel Bohórquez, exjefe de presupuesto de la administración de Steimer Mantilla, al parecer aprobó CDP para pagos a fundaciones y a contratistas del PBOT.

Bryan Benjumea, contratista de todas las obras del municipio, acogido por Carlos Altahona.

Ramiro Gambín, al parecer tiene a su nombre varios vehículos de servicio público que serían de propiedad del alcalde Steimer Mantilla.

Héctor Wharff, uno de los hombres de confianza de Carlos Altahona, quien tendría una camioneta KIA la cual al parecer está contratada para la movilización del alcalde Mantilla.

Actualmente está investigación se encuentra muy avanzada y prácticamente en su etapa final. En esta última fase, la Fiscalía General de la Nación con sus investigadores ha estado visitando la población para hacer el rastreo del proceso y lo que Hora 7/24 ha conocido, es que el ente investigador ha realizado un “arraigo” o seguimiento a las propiedades de cada uno de los implicados en este caso para determinar si hubo conductas punibles como enriquecimiento ilícito.

Según las fuentes cercanas a la investigación, ya se han identificado funcionarios, concejales, y personas no vinculadas directamente a la administración municipal que tendrían algún tipo de participación en las presuntas irregularidades. En total serían más de 60 personas las que están plenamente identificadas y deberían ser judicializadas en los próximos días.