Por tercera vez fue suspendida la audiencia preliminar en contra del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, la empresa de desarrollo urbano, Edubar y la constructora Covain, en el Centro de Servicios Judiciales, por la demanda que interpuso una de las 16 familias afectadas por los terrenos de La Loma.
Los delitos que se investigan son abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, obtención de documento público falso, fraude procesal y estafa agravada por la cuantía.
Con esta audiencia los demandantes buscan que un juez congele las matrículas inmobiliarias de 27 hectáreas que aseguran les pertenece y que el Distrito de Barranquilla declaró baldíos.
Fabián Araujo, abogado y representante de las víctimas, sostuvo que en esta tercera audiencia “hay una dilación para el trámite de la misma. Yo personalmente hice las peticiones al Centro de Servicios Judiciales para la notificación del alcalde o representante legal del Distrito, sin embargo se presentó un abogado delegado por Abelardo de la Espriella, quien representa a Alejandro Char, como persona natural”, precisó.
La diligencia fue suspendida, pues tampoco asistió el representante por Edubar, el procurador delegado en lo penal, la Defensoría del Pueblo y el representante por el Distrito.
El Juzgado 16 Penal Municipal con función de control de garantías, en cabeza del juez Harol Meza Galván, precisó que en la audiencia debía quedar como observación que la diligencia no se podía llevar a cabo en atención a que no se hizo presente la defensa del director de Edubar y tampoco se realizó la correcta notificación del Distrito de Barranquilla, toda vez que en esta petición se requiere su presencia como representante legal de la Alcaldía Distrital y no como persona natural.
A su turno, el abogado Jhonatan Peláez Sáenz, representante de Alejandro Char Chaljub –como persona natural—, precisó que la audiencia fue suspendida porque únicamente fue citado Char Chaljub como indiciado y no fueron convocados Edubar, la Procuraduría y el Distrito.
“Todavía no hay investigación formal abierta, incluso la Fiscalía aclaró que apenas están iniciando unas pesquisas, una investigación pues no hay pruebas en contra del alcalde y consideramos que la persona que está pidiendo esta audiencia, en nombre de unas supuestas víctimas, se está apresurando, debe esperar que la Fiscalía reciba las pruebas, pues estas no existen”, dijo Peláez.
Según el litigante esta es la segunda vez que se suspende la audiencia, “pero no sabemos si es un error del peticionario que no ha dado los datos de las personas que se van a notificar o si es del centro de servicios al momento de realizar la notificación.
La disputa entre Distrito y herederos de los terrenos de La Loma
Dieciséis familias enfrentan un largo litigio con el Distrito de Barranquilla por las 96 hectáreas pertenecientes a los terrenos de La Loma, detrás de Barlovento.
Según el representante de las víctimas, Fabián Araujo Polo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, en su primera administración (2008 – 2011), decretó los terrenos de La Loma como baldíos, siendo estos de carácter privado y de existir ocho sentencias de la Corte Suprema de Justicia que así lo demuestran.
“Se está violando la seguridad jurídica del Estado, porque hay una violación a la propiedad privada, hay un fraude procesal, porque esto fue elevado a escritura pública y el alcalde de Barranquilla se apropió para sí mismo de 38 hectáreas. Ahora vienen tres resoluciones de expropiación y nos despojan de 16 hectáreas más. Con estas ya van 54 en total de 96 hectáreas en La Loma”, dijo.
El representante de las víctimas, ante la falta de diálogo de las partes que intervienen en los pleitos por los terrenos como el Distrito de Barranquilla, Edubar y la constructora Covein, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía 55 de delitos contra la administración pública.
En estos terrenos se desarrollaría el nuevo edificio de la Alcaldía de Barranquilla, un parque lineal, senderos peatonales, proyectos urbanísticos, entre otras obras de cara al río Magdalena.
“Para nosotros es un honor que el Distrito se fijara en estos terrenos, pero que tampoco nos pisoteen nuestros derechos. La idea del Distrito es apropiarse del terreno, entregárselo a terceros y que ellos sean los que obtengan un beneficio propio atropellando los derechos de los propietarios o herederos”, explicó Araujo.
Araujo indicó que el Distrito despojó en 2008 de 38 hectáreas mediante la escritura pública 740 del 8 de mayo del 2008 en la Notaría Sexta de Barranquilla, “posteriormente fue registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos y hoy el Distrito para el año 2017 nos despoja de 16 hectáreas más mediante tres resoluciones de expropiaciones sin indemnización”, sostuvo.
“No vamos a recibir indemnización por cuanto el Distrito contrata a la Lonja de Propiedad Raíz para hacer avalúo comercial en 2014 y le dan precio por $60.000 y $50.000 pesos por metro cuadrado pero hoy ese metro cuadrado está alrededor del $1.500.000 a $2.000.000.
Según el abogado, son 16 familias las que se encuentran en pleito con el Distrito por 96.5 hectáreas en total, quienes reclaman cerca de 371.000 millones de pesos.
“En ese orden de ideas, lo que pedimos es que el Distrito, Edubar y la firma constructora nos pague el justo precio sobre esos terrenos”, puntualizó.