La historia de Electricaribe marcó un hito en la nutrida historia de la corrupción en la región Caribe. La pésima calidad de este servicio, esencial para el desarrollo de la región, fue el resultado de las malas decisiones de los dirigentes políticos regionales y nacionales, quienes se amañaron con esta transnacional española, primero como Unión Fenosa, después como Gas Natural Fenosa (GNF), en detrimento de la calidad de vida de todos los habitantes de la Costa Atlántica.
Electricaribe realizó paupérrimas inversiones en las redes y subestaciones de energía eléctrica, con la consabida inestabilidad del sistema y la pésima calidad del servicio, pero en cambio la facturación si tuvo unos costos tan elevados que provocó una profunda crisis económica y social, pues sometió a la población y a todos los empresarios de la región a una situación de desequilibrio económico que comprometió el desarrollo de toda la Costa Caribe al hacerla menos competitiva.
Con la salida de esta empresa el panorama era esperanzador, y con la llegada de las empresas Air-e y Afinia en la Costa Atlántica se esperaba un cambio, pero no ocurrió así. Su primera medida ha consistido en cambiar el sistema de cobro al implementar tecnologías, aún no aprobadas por las autoridades competentes, por la llamada “Infraestructura de Medición Avanzada” (AMI, por sus siglas en inglés).
El Gobierno Nacional ha decidido sustituir unos quince millones de medidores eléctricos en todo el país, equipos convencionales análogos la mayoría, que están funcionando bien para lo que se necesita, que es medir el consumo. Con esta medida, que tiene un fuerte olor a negocios, lo que se pretende es recaudar de los usuarios de todo el país varios billones de pesos, sin que se haya tomado ninguna medida para mejorar el servicio. Definitivamente peor la cura que la enfermedad.
En cualquier nación que se quiera desarrollar, se proyectan cambios para mejorar, pero en este caso es excesivo y abusivo lo que se pretende con este sistema de AMI. Se pretende medir y controlar el consumo, el voltaje, el cobro, alarmas, software, los saldos de la energía prepago y hasta los datos personales, a través de un sistema que aún no ha sido aprobado y que raya con la ilegalidad, al sobrepasar lo permitido por la Ley 142 de 1994.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, le envió a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) apreciaciones sobre: la Resolución 131 de 2020, rechazando, fehacientemente, los términos con los que quieren implementar el sistema AMI, aseverando que este está modificando la Ley 142 de 1994 en preceptos como: “El concepto de medición a que hace referencia la Ley 142 deja de estar ligado únicamente al consumo del usuario, la medición deja de estar centrada únicamente en el medidor y el buen funcionamiento del medidor deja de estar ligado exclusivamente a su capacidad de registrar los consumos”. Algo inviable si tenemos en cuenta que para la modificación o reforma de una ley es necesario una intervención nacional en las que participen las autoridades encargadas, como el poder legislativo, y exigimos que también se tenga en cuenta la participación ciudadana dándole oportunidad a la verdadera democracia desde la soberanía del pueblo.
Hay otra historia más indignante por lo oscura y perversa pues se ensaña con los más pobres. La ley 812 en su artículo 118 creó el FOES (Fondo de Energía Social) para subsidiar la energía de los barrios subnormales y de las zonas rurales más apartadas y dispersas. En el periodo 2011-2016 el estado entregó estos subsidios FOES (que podrían ascender a más de $200.000.000) a Electricaribe quien los recibió, pero igual cobró la energía a estos sectores. Dicho abiertamente, ¡se embolsilló el dinero! Ese dinero era para subsidiar la energía eléctrica de más de 600.000 familias de población desfavorecida, pero nunca lo utilizaron para sus fines.
En septiembre del 2019 la Contraloría le imputó cargos de responsabilidad fiscal a Electricaribe para que devolviera esos cuantiosos recursos a sus verdaderos dueños. Sin embargo, las nuevas empresas Air-e y Afinia les siguen cobrando deudas de Electricaribe a las clases más desfavorecidas, cuando con lo que les debe Electricaribe del subsidio FOES quedarían saldadas esas deudas.
Es menester del gobierno recuperar estos fondos para hacer justicia. El problema es que parece que el gobierno de Duque se está haciendo el de la vista gorda, no queremos creer que le regalaron esta deuda a estas empresas para que se ensañen con el sector más vulnerable de la sociedad.
Cuando se dice coloquialmente que se pretende apagar el fuego con gasolina, observamos con estupor y dolor cómo pretenden imponer estas medidas en medio de esta pandemia y en la peor crisis social de la historia del país. Cuando la ciudadanía empiece a sentir el peso de estas medidas tan impopulares y que lesionan aun más el bolsillo de las clases más desfavorecidas no nos sorprendamos de que vuelvan a arreciar las protestas. ¿Son estas las medidas para aliviar el sufrimiento de la población y clase media de la sociedad colombiana y reactivar la economía? La sociedad aprendió a decir ¡Basta ya!
Por: Dr. Álvaro Portilla
Instagram: dralvaroportilla
Twitter: dralvaroportm
Facebook: Álvaro Portilla Molina