La Defensoría del Pueblo de Colombia reportó este miércoles 199 asesinatos de líderes sociales de enero al 30 de noviembre de este año, lo que supone “la cifra más alta” desde 2016, cuando esta institución del Estado comenzó a hacer registros.
Este número supera incluso las cifras de todo 2021, cuando 145 defensores de derechos humanos fueron asesinados, y los de años anteriores, incluido 2020, que fue el año más letal para los líderes y hubo 182 asesinatos.
Según el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, este aumento se debe a una «ecuación» que mezcla «incremento de asesinatos de líderes sociales, el aumento en las hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, así como también el control y la explotación de los grupos armados ilegales de las distintas rutas del narcotráfico».
Esto quiere decir que el aumento de hectáreas de coca, que según la ONU, también rozó máximos históricos el año pasado, pasando de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021, ha provocado una mayor purga por el poder y el dominio tanto de los cultivos como de los corredores del narcotráfico, lo que ha derivado en el asesinato de quienes defienden su territorio y se oponen a estas dinámicas.
Los líderes comunales han sido las mayores víctimas de homicidio, con 62 casos, seguido de los indígenas (44), una comunidad que este año ha sufrido especialmente la violencia de grupos armados por encontrarse sus resguardos en corredores y territorios en disputa de los grupos.
La paz que no llega a Colombia
La Defensoría del Pueblo, que es la organización del Estado que hace un seguimiento más completo a este tipo de casos, aseguró también hoy que desde el 7 de agosto, cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia de Colombia, se han registrado 66 asesinatos.
Es decir, que en los últimos 4 meses, se ha concentrado un tercio de los asesinatos, a pesar de las promesas y apuestas del nuevo Gobierno por llegar a diálogos y negociaciones con todos los grupos armados que actúan en el territorio y que de momento solo se han materializado en retomar las conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Los anuncios de paz total deberían reflejarse en una disminución de asesinatos de líderes sociales, pero eso no está ocurriendo», lamentó el defensor.
Las cifras proporcionadas por la Defensoría, además son, por primera vez, superiores a las ofrecidas por otros organismos no estatales que llevan el monitoreo, como la ONU o el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que hasta hoy reporta 181 asesinatos de líderes sociales en lo que va de año.
A esta entidad estatal le preocupa la situación en departamentos como Arauca, en la frontera con Venezuela, donde este año se ha disparado la violencia, debido a la disputa entre el ELN y disidencias de las FARC por controlar el territorio, donde se han producido 12 asesinatos de líderes, pero también se ha reportado 341 asesinatos durante todo este año.
Y también el aumento en la costa Pacífica, la región donde tras el acuerdo de paz más ha percibido los latigazos de la violencia y existen «más vulneraciones de derechos humanos». Pero este año ha habido asesinatos en departamentos donde el año pasado no se produjeron ninguno como Tolima, Amazonas y el archipiélago de San Andrés.
EFE
