La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este jueves una audiencia de dos días acerca de la alegada persecución, hostigamiento y espionaje por parte del Estado colombiano del que habría sido víctima a lo largo de tres décadas el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), por su labor de defensa de los derechos humanos.
En el inicio de la audiencia, los jueces escucharon los testimonios de los expresidentes de CAJAR Alirio Uribe y Soraya Gutiérrez, mientras que para el viernes están previstas exposiciones de peritos y los alegatos orales finales de las partes.
Uribe dijo que trabajó en diversos casos de violaciones a derechos humanos en Colombia y relató una serie de hechos de persecución y hostigamiento en su contra debido a sus labores en el colectivo.
Recordó que durante su mandato presidencial en Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010) “señaló a defensores de derechos humanos y al colectivo como una organización vocera del terrorismo” como parte de una campaña de desprestigio.
Además, comentó que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) creó un grupo de trabajo llamado G3 que tenía como objetivo “hacer inteligencia ilegal, inteligencia ofensiva y desprestigiar a los abogados del colectivo”.
“Contrataron un apartamento frente a mi casa que se llamó ‘punto fijo’ donde hacían reportes diarios, manuscritos con fecha. Seguían a mis hijos al colegio y a las universidades, les tomaban fotos. Era aterradora la forma en que ellos hicieron ese seguimiento e inteligencia”, manifestó Alirio Uribe.
El defensor de derechos humanos calificó como “inimaginable” el impacto que la persecución produjo en su familia, ya que sus hijos y su esposa “no tuvieron una vida normal”.
El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Ralón, expuso ante la CorteIDH la presentación del caso y afirmó que Colombia es responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, a la vida privada, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión y de asociación, a la libre circulación, a la residencia y a los derechos de la niñez.
“La CIDH identificó que los hechos se dieron en un contexto ratificado por organismos internacionales y nacionales de inseguridad y riesgo para personas defensoras de los derechos humanos, así como de una falta de esclarecimiento e impunidad. Muchos actos fueron cometidos por agentes estatales incluyendo declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios”, afirmó Ralón.
Esta es la primera vez que una organización defensora de derechos humanos llega a la CorteIDH en calidad de víctima
Según la demanda, el CAJAR ha sido víctima de “amenazas, atentados, exilio, campañas de desprestigio, torturas y hostigamientos realizados desde organismos del Estado en una lógica de vigilancia que involucra a todos los Gobiernos desde la década de los años noventa”.
En este caso se abordan hechos como amenazas contra defensores de derechos humanos, la impunidad como nueva forma de persecución y amenaza, y pruebas de cómo los casos representados por CAJAR y sus sentencias han detonado persecución.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que actúa como representante de las víctimas de este caso, también informará a la CorteIDH acerca de campañas de desprestigio y propaganda negra desde altos funcionarios del Estado y tecnologías digitales para espionaje a defensores.
Según la demanda, el CAJAR ha sido víctima de actividades de inteligencia ilegal desde diferentes organismos del Estado y de discursos estigmatizantes.
La presidenta del CAJAR, Jomary Ortegón, expresó en un encuentro con agencias de noticias este jueves que el objetivo es que la Corte Interamericana dicte una sentencia contra el Estado para que realice una investigación efectiva de los hechos.
Además, pedirán a la CorteIDH que ordene a Colombia establecer protocolos efectivos de protección para los defensores de los derechos humanos, así como políticas públicas en ese sentido y llevar a cabo acciones para contrarrestar el desprestigio del que ha sido victima el CAJAR.
“La labor de los defensores de derechos humanos debe ser protegida y no perseguida”, expresó Ortegón, quien aseguró que Colombia posee “una institucionalidad fuerte, pero ineficiente” para investigar las amenazas y proteger a los activistas.
Después de que concluya la audiencia el viernes, las partes tendrán 30 días para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la CorteIDH podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.
EFE
