La exministra de las TIC, Karen Abudinen, le respondió este lunes a través de Twitter al senador Armando Benedetti, asegurando que este sí la llamó para que no caducara el contrato con Centros Poblados y lo cediera a otra firma.
Según Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y acusado de participar en el polémico contrato entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados, varios congresistas, entre los que estaría Benedetti, habrían llamado al Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC para que no caducaran el contrato porque esto representaría inhabilidad por cinco años para contratar con el Estado.
Ante esto, el senador ha negado a través de sus redes sociales tener cualquier vínculo con Emilio Tapia y haber llamado al Gobierno para frenar la caducidad del contrato con Centros Poblados.
“Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se “abudinearon” la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!”, escribió Armando Benedetti en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, la exministra asegura que sí fue contactada por el senador y medios nacionales indican que ya tendría el rastreo de la llamada que le entró del celular de Benedetti, evidencia que entregaría ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
“Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos”, fue la respuesta de la exministra de las TIC.
Senador: Le refresco la memoria. Usted si me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. YO NO NEGOCIO, NI CEDO ANTE CORRUPTOS.
— Karen Abudinen (@karenabudi) September 27, 2021
De ser así, un grupo de congresista estaría involucrado en el entramado de corrupción que tiene en la cárcel a Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante legal de la UT Centros Poblados; y Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, por el anticipo de $70 mil millones del contrato que buscaba llevar internet a 7.277 colegios en zonas rurales de 15 departamentos del país.