La Fiscalía dio a conocer que imputará cargos a varios funcionarios de la Cancillería tras hallar supuestas irregularidades en la contratación de la logística para la VI Cumbre de las Américas realizada en 2012 en Cartagena. Se investiga una supuesta adición por 12.000 millones de pesos, al parecer, sin cumplimiento de todos los requisitos legales.
Además, habría evidencia sobre un presunto peculado por apropiación por valor de 6.500 millones de pesos a favor de terceros.
Los indiciados son Araminta Beltrán, directora administrativa y financiera de la Cancillería; Alexánder Potdevin, funcionario de la Cancillería y supervisor del contrato; y Antonio Porras representante legal del consorcio Unión Temporal de la Cumbre.
Por otra parte, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para abrir investigación contra María Margarita Salas Mejía, quien para la época era secretaria general de la Cancillería, y actualmente oficia como jefa de la misión consular en Madrid.