Más inversión en la infraestructura eléctrica. Ese es el llamado que han hecho recientemente los gremios al Gobierno nacional para combatir las altas tarifas de energía que siguen “golpeando” en mayor medida a los usuarios de la región Caribe.
La Cámara de Comercio de Barranquilla y el Comité Intergremial del Atlántico han solicitado a la Nación que estas obras de modernización sean financiadas con recursos del Presupuesto General de la Nación con un estimado de $3 billones.
“Es la única medida de corto plazo que puede incidir en bajar las tarifas de energía en esta región del país. La inversión pública en esas obras llevaría a que los pagos de capital y de retorno de esas inversiones no se incluyan en la estructura tarifaria, reduciendo el costo del servicio a los usuarios”, apuntaron ambas organizaciones.
Señalaron, a través de un comunicado, que esta solución tendría un efecto permanente debido a que las inversiones se irían exclusivamente al mejoramiento de las redes y subestaciones, más no a la operación del sistema.
“La solicitud se justifica por el retraso histórico que arrastra la región Caribe en inversiones de red y los problemas estructurales de congestión tanto en el Sistema de Transmisión Regional, como en el Sistema de Distribución Local. Además, por la necesidad de la participación del Estado en asuntos de servidumbres, factor que suele retrasar la ejecución de los proyectos”, explicaron.
Otro de los requerimientos que hicieron los gremios tiene que ver con las deudas acumuladas por concepto de opción tarifaria, unos $2.6 billones, por parte del Gobierno a las empresas comercializadoras de energía que operan en la región. Piden que sean pagadas lo más pronto posible para mitigar la “compleja situación financiera y operativa” que afrontan actualmente estas empresas por la ausencia de estos recursos. Por otra parte, la Cámara de Comercio e Intergremial solicitaron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) desistir de la resolución 701024, en la que se obliga a las térmicas a financiarle a los comercializadores sus compras de energía en bolsa. Señalaron que esto evitaría la presión que ello ejerce a estas generadoras en su abastecimiento de gas y un posible racionamiento de energía en el país.
Y por último, pidieron a la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) revisar la metodología de asignación de gas ante restricciones de suministro, entendiendo la importancia de este combustible en la generación de energía por parte de las termoeléctricas.
“Limitar su abastecimiento las obligaría a aumentar el volumen de consumo del importado, incrementando sus costos de producción, lo que llevaría a más alzas en las tarifas a los usuarios finales”, apuntaron.
“Es viable la propuesta”
Los congresistas Efraín Cepeda y Mauricio Gómez se mostraron de acuerdo con los gremios al afirmar que la infraestructura eléctrica demanda intervenciones urgentes.
Cepeda, del Partido Conservador, ve justo que estas obras de modernización sean asumidas con el Presupuesto General de la Nación. “Esos $3 billones que restan de inversión se pueden pagar a unos $500 mil millones al año. En este momento ya hay un monto aprobado del PGN y habría que mirar cómo se hacen los traslados, pero creo que es viable que se pague con el Presupuesto y no con el bolsillo de los usuarios de la región Caribe”.
Entretanto, Gómez señaló que la financiación a través de PGN a la infraestructura eléctrica mejoraría la calidad del servicio como también reduciría los costes de las tarifas.
“La infraestructura eléctrica es vital para el desarrollo económico puesto que proporciona la energía necesaria para impulsar la industria, el comercio y la tecnología, lo que a su vez estimula el crecimiento económico y la creación de empleo”, expresó el congresista del Partido Liberal, quien agregó que se necesita una reforma estructural en la ecuación de los cobros de la energía a los usuarios.
“No hay escasez de gas para atender generación de energía eléctrica”
Luz Estella Murgas, presidenta de Naturgas, se pronunció sobre la petición hecha por los gremios en cuanto a la revisión de la metodología de asignación de gas ante restricciones de suministro para el caso de la generación de energía por parte de las termoeléctricas.
Precisó que el criterio del costo de racionamiento a su parecer es mucho más técnico y objetivo para asignar el gas que queda disponible con ocasión de la restricción.
Indicó que ese criterio no ha sido cambiado y que por el contrario lo que hizo la Upme fue “desagregar la información por sector de consumo y por región, eso le permitió a Canacol hacer los cálculos de costo de racionamiento de todos sus usuarios y allí el orden de prioridad como resultado cambió”.
La presidenta de Natugas dijo que no hay escasez de gas para atender la generación de energía eléctrica en épocas como la que se avecina del fenómeno de El Niño.
“Tenemos gas disponible porque contamos con una planta de respaldo (regasificadora en Cartagena) que en su naturaleza misma es estar lista para prenderse cuando el sistema eléctrico lo requiera, de hecho, esa planta hoy le da gas exclusivamente a tres plantas térmicas ubicadas en la costa Atlántico”, apuntó.
Por El Heraldo
