Santa Marta. – Carlos Caicedo Omar presentó su renuncia como gobernador del Magdalena a poco más de dos meses de culminar su periodo en el cargo.
El líder del movimiento Fuerza Ciudadana envió en la noche del jueves 12 de octubre la carta a la Presidencia de la República con su dimisión.
“Como todos saben, Fuerza Ciudadana, el partido que fundé y defiendo, y sus candidatos, llevan semanas sin poder hacer campaña electoral, ni siquiera tener candidato a la Alcaldía de Santa Marta, en donde hemos sido gobierno en tres oportunidades, luego de las trampas y el actuar perverso de los adversarios tradicionales de siempre y de una institucionalidad que se prestó para esta conspiración antidemocrática”, se lee en la misiva dirigida al presidente Gustavo Petro.
Y agrega: “Somos el partido político elegido tres veces consecutivas para gobernar esta ciudad. Somos el partido que encabeza todas las encuestas. Y precisamente por ello, el Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura a la Alcaldía de Santa Marta y con la Registraduría tardaron semanas para aceptar otra candidatura de Fuerza Ciudadana, a tan solo 10 días de la campaña electoral y después de que un juez amparara el derecho político, dejan muy poco margen para presentar un nuevo candidato, esto es insólito en un país que se llama a sí mismo democrático”.
Caicedo se convierte en el segundo mandatario que deja su cargo de cara a las elecciones regionales, un par de semanas después de que Daniel Quintero renunciara a la Alcaldía de Medellín.
La decisión de Carlos Caicedo se da días después de que la Procuraduría abriera una investigación en su contra por una posible intervención política.
La indagación del ente tiene que ver con la reacción del mandatario a través de redes sociales y medios en relación a la revocatoria de la candidatura a la Alcaldía de Santa Marta de su hermana Carmen Patricia Caicedo Omar.
“El ente de control investigará si se presentó alguna falta disciplinaria relacionada con la intervención en política, al utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, y por proferir indebidamente opiniones o criterios dirigidos a influir en la decisión de autoridades, en este caso electorales, en su propio beneficio o de un tercero, todos relacionados con la decisión de revocatoria de la referida candidata, por parte del CNE”, indicó la Procuraduría el pasado 2 de octubre.
Un día después Caicedo contestó en un comunicado: “Defender la democracia ha caracterizado nuestra lucha, seguro ustedes no la entienden porque su práctica es defender privilegios e intereses de la élite y de los clanes regionales como lo hacen ahora en Santa Marta y el Magdalena”. Petro, por su parte, aceptó este viernes la renuncia de Caicedo, a través del Decreto 1655 de 2023, y designó en el cargo a la secretaria de Hacienda del departamento, Denis Rangel.
Entre las reacciones en contra, el candidato uribista al Concejo de Bogotá Daniel Briceño publicó en X: “Renuncia Daniel Quintero en Medellín y Carlos Caicedo en Magdalena para hacer campaña política. El presidente Gustavo Petro se toma Bogotá con la burocracia nacional para impulsar a Gustavo Bolívar. El petrismo está realmente desesperado, saben que van a sufrir una gran derrota”.
A favor, el candidato caicedista a la Alcaldía de Santa Marta, Jorge Agudelo, publicó: “Han sido años de incansables luchas, logros impensables en una ciudad que años atrás estaba golpeada por la desidia y falta de voluntad política. Fuerza Ciudadana seguirá transformando a Santa Marta, una ciudad más incluyente y competitiva gracias al liderazgo de Carlos Caicedo”.
Al respecto, el analista político Carlos Arias le dijo a EL HERALDO que “el plan Caicedo es deplorable, lo que hace desde hace 12 años con el Magdalena es una vergüenza y una tristeza para todo el Caribe, y efectivamente Caicedo utiliza la misma herramienta y estrategia de Quintero para movilizarse por todo el país en estas dos semanas y capitalizar votos para sus candidatos en diferentes regiones y en especial deja todo organizado dentro de la Gobernación y la Alcaldía para salir a hacer proselitismo político por sus candidatos y perpetuarse en el poder”.
A su vez, la politóloga Patricia Muñoz Yi comentó en EL HERALDO que “esta práctica de renuncia de los mandatarios antes de culminar su programa de gobierno para impulsar una campaña política determinada no había sido usual en nuestro país. Además, los dos candidatos que la han utilizado son aliados estratégicos del Gobierno, Quintero y Caicedo, que si bien tienen partidos con personería sí son dos actores políticos afines al Gobierno. Y el hecho de renunciar es enviar un mensaje de terminación anticipada y por tanto de no respeto de las reglas para las cuales se hizo elegir, que contemplaban un período determinado”.
La salida de Caicedo, de otro lado, no está indemne de líos. Por ejemplo, la Procuraduría anunció en días pasados que vigila el contrato para la construcción del sistema de acueducto El Curval en Santa Marta por posibles inconsistencias para su ejecución, señalando además que se podrían dar vicios en el proceso licitatorio si no se esclarecen ciertos puntos para la participación de proponentes.
Las observaciones hechas por el Ministerio Público advierten que las obras del acueducto de Santa Marta ascienden a $1.642.317.567.721.
Así mismo, indicó en agosto pasado que estaban colapsadas las obras de reposición de redes de alcantarilladlo sanitario y acueducto en Santa Marta por $7.507 millones, producto de la emergencia invernal en los sectores de Pescaíto y Corea, debido a que el contratista no contó con el músculo financiero.
Caicedo ha cuestionado al respecto que “el problema del agua se viene presentando en Santa Marta desde hace más de 50 años y el proyecto de solución fue bloqueado por el expresidente Iván Duque, a través de la intervención de Superintendencia de Servicios Públicos a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar. (…) La solución de agua, el cambio de redes de acueducto y el sistema de alcantarillado puede estar oscilando los $6 billones y nosotros solo pedimos $1,8 billones para el agua potable”.
De igual modo, el ente de control disciplinario abrió en julio pasado una indagación previa contra la Gobernación del Magdalena por presuntas irregularidades administrativas y logísticas en la contratación y entrega de los alimentos del PAE en el departamento.
En respuesta, Caicedo aseveró que la anterior licitación fue declarada desierta, dado que los oferentes que se presentaron en su momento no reunían los requisitos para el adecuado cumplimiento del programa, “tanto así que algunos presentaron documentación falsa. Hemos trabajado para que no se ponga en peligro la alimentación de los niños, el dinero público y que no haya irregularidades”.