Una de las principales conclusiones que dejó el Sexto Encuentro Regional por la Reconciliación es que el departamento del Atlántico tiene una oportunidad histórica para ser dinamizador del posconflicto, pero también varios retos en frente para estar a la altura de la tarea.
Sobre este punto, el secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo Cabonell, expuso que el departamento ha implementado varias estrategias enfocadas en promover la solución pacífica de conflictos entre comunidades. “Con el fortalecimiento de las juntas de acción comunales hemos evitado que los problemas no escalen y se conviertan y pongan en riesgo la seguridad”, dijo el funcionario.
Aunque en el Atlántico no se vio la violencia con la misma crudeza que en otras regiones de Colombia -agregó-, desde la Gobernación hay varios programas que buscan la independencia económica de las víctimas que aquí viven, brindar oportunidades de formación académica y facilitar el acceso a vivienda, entre otros.
Por eso, continúo, el departamento se dio a la tarea de censar a las víctimas del conflicto para establecer sus orígenes, rango de edades y necesidades básicas insatisfechas.
Más tarde, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, afirmó que hay identificadas aproximadamente 200.000 víctimas en el Atlántico a las cuales se les monitorea permanentemente. “Estamos pendientes, apoyándolos para que se sumen con éxito al proceso de reconciliación por el que atraviesa el país”, aseguró el mandatario.
Luis Trejos Rosero, profesor del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, habló sobre algunos retos que tienen las autoridades departamentales para sacarle el máximo provecho a esta coyuntura.
Uno de ellos es ofrecer serias alternativas de empleo a quienes llegan al Atlántico desplazados por la violencia. Otro es garantizar la seguridad de los voceros de las víctimas para que no se repita el caso de Bernardo Cuero, representante de esa comunidad asesinado meses atrás en Malambo, al parecer, por su condición de líder.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, opinó que el posconflicto también pasa por acoger a las personas que emigran desde Venezuela y llegan al Atlántico. “Ellos nos brindaron la mano en su momento, ahora nosotros tenemos responder de la misma forma”, dijo haciendo énfasis en que muchos de ellos son colombianos o hijos de colombianos nacidos allá.
En ese sentido, insistió en que esas personas deben recibir apoyo para agilizar los trámites que les permitan vivir aquí sin estar expuestos a ser deportados o recibir portazos a la hora de buscar oportunidades, como le ocurrió a una niña en Ponedera cuya madre denunció, según Cepeda, que no le permitían acceder a formación deportiva porque era venezolana y no tenía sus documentos en regla.
Armando Zabaraín, representante a la Cámara, dijo que se le debe prestar atención especial a los niños que llegan desde Venezuela.
Según el funcionario, “una de las primeras prioridades debe ser permitirles acceder a la educación y a la salud” para evitar que esos menores sufran enfermedades y no tengan oportunidades de desarrollar sus talentos.
Durante su intervención, el gobernador Verano sostuvo que el departamento ha invertido cerca de 2.000 millones de pesos en la atención a personas provenientes de Venezuela, y que se han hecho esfuerzos para registrar a los menores indocumentados.
