Por Julio Mario Pérez
Mucho revuelo causó en la semana la sola especulación de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra recluido en una cárcel de Atlanta, Georgia (EE.UU.), sería deportado a Italia antes del 4 de septiembre.
Sin embargo, el hecho, que fue catalogado como inminente por la prensa nacional e internacional, se difundió por un pedido de la defensa ante la Corte en Estados Unidos por la doble nacionalidad de este, pero que aún esta no ha notificado ni a Mancuso, ni a Colombia, que lo pidió en extradición en tres órdenes: dos que salieron desde la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado 11 de marzo y 16 de abril, y una del Tribunal Superior de Bogotá que se reactivó el 18 de agosto.
Ante toda la conmoción que ha causado este caso, HORA 7/24 habló precisamente con el magistrado Carlos Andrés Pérez Alarcón, presidente de la sala de donde salieron dos de las tres órdenes de captura contra Mancuso.
Este inicialmente se refirió a lo que muchos han catalogado como inminente y señaló que el país aún no ha tenido ningún tipo de información oficial que advierta esa “inminencia”.
“Nosotros enviamos unas comunicaciones formales que están acompañadas de dos órdenes de captura internacional, es decir, para hacer efectiva en cualquiera de los países donde tiene presencia la Interpol, y ninguna de esas ha sido rechazada o devuelta por ninguna autoridad ni nacional o internacional como lo es en este caso Estados Unidos, que es el país destinatario de las solicitudes”, afirmó.
Sin embargo, hoy casualmente el diario El Tiempo, conoció por fuentes diplomáticas, que Estados Unidos tomó la decisión de enviarlo a Colombia, porque hacerlo a Italia es perjudicial a los intereses del Gobierno Trump.
Según el diario, tanto Colombia como la defensa serán notificados en el transcurso del día y alistan su envío al país en las próximas semanas. Sin embargo, dejan la puerta abierta para quedarse en Estados Unidos, lo que significaría -de concretarse esa posibilidad- una derrota para Colombia, que aspiraba a lograr su extradición.
Por su parte, el magistrado del Tribunal de Barranquilla dijo que ve viable y espera que haya reciprocidad por parte del Gobierno de los Estados Unidos, en la extradición del exjefe a Colombia.
“En las relaciones internacionales se busca que los países que dan, también reciban. Entonces, así como Colombia ofreció en extradición a Salvatore Mancuso en el 2008, bajo ese principio de reciprocidad, cumplida la pena, debería entregarse ese señor a las autoridades colombianas. Pero ese punto es una aspiración, porque no tenemos maneras como jueces de hacer efectiva las decisiones más allá de las fronteras, sino que, con acompañamiento del Gobierno, que es el único vocero, hemos hecho llamados respetuosos de intensificar los esfuerzos para hacer efectivas esas comparecencias ante la justicia colombiana”, apuntó el magistrado, quien añadió que el Ministerio de Justicia le informó que están “trabajando en el tema y haciendo la labor”.
Sin embargo, le preocupó mucho saber esta semana que las notificaciones rojas solicitadas para Interpol, y de las cuales confirmaron recibido y tramite desde el 27 de marzo, no habían sido subidas a la página web para consulta mundial.
“Eso nos pareció altamente preocupante y tuvimos que enviar una comunicación urgente al comandante de la Policía Nacional y las subieron de inmediato. Fue muy grave eso”, sostuvo.
Muchos crímenes
El presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla recordó que la desmovilización de los paramilitares llevó a que estos entregaran las armas, los secuestrados, los niños reclutados, dieran los bienes que tenían y confesaran la verdad.
“Sino fuera por eso, muchos de los crímenes o masacres no se conocerían o la forma como partían a la gente con motosierra, como los lanzaban a cocodrilos, tanques de ácido: cosas espeluznantes, que, si no fuera por el sistema transicional, nunca se conocería”, puntualizó.
Pérez sostuvo que, a raíz del sometimiento, se conocen que aproximadamente 54.000 crímenes, en todas las naturalezas en materia de conflicto como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, delitos sexuales, se materializaron bajo el liderazgo de su jefe máximo Salvatore Mancuso Gómez.
Sin embargo, ante la extradición de Mancuso en 2008, el Tribunal Superior de Barranquilla dijo que quedaron totalmente bloqueados para comunicarse con el exjefe durante varios años.
“Desde el 2015 hasta el 2019 tuvimos absoluta imposibilidad de realizar audiencias porque no conectaban al señor Mancuso. Las autoridades de los Estados Unidos no tenían un convenio de conexiones con las autoridades colombianas y de eso fue la paralización de gran parte de los procesos que se adelantaban en Colombia. Solamente se alcanzaron a tramitar con sentencia 1.500 hechos, el 2.9% del total, que falló el Tribunal de Bogotá en dos sentencias en 2014 y que una orden de captura se reactivó el pasado 11 de agosto”, puntualizó
Sin embargo, estos son diferentes a los 2.000 hechos que se adelantaron en el Tribunal de Barranquilla desde mayo de 2019, cuando tuvieron por fin conexión con Mancuso.
Ya en octubre de 2019 dictaron la primera detención, la defensa la apeló, pero la Corte Suprema de Justicia la confirmó 29 de enero de 2020. Luego la Corte le devolvió el expediente en febrero y en marzo libran la primera orden de captura internacional con notificación roja de interpol, mientras que la segunda el 16 de abril, ambas son de crímenes del bloque Catatumbo, ubicado en Norte de Santander.
En total en el Tribunal de Barranquilla hay 32.000 casos, de los cuales 2.000 ya tienen imputación. El restante está pendiente para la misma. “Tenemos agenda fijada hasta el 2022”, agregó.
Los otros 20.000 casos están en trámite en la Fiscalía y se trasladarían a Barranquilla.
“No se han agotado los tiempos, pero lo necesitamos a él y con él no nos conectamos. Por eso es importante, trascendental y relevante que el señor esté presente”, recalcó Pérez.
¿De no darse la extradición?
Sobre el caso hipotético de que Mancuso se vaya a Italia, el magistrado lo catalogó primero como un problema peor de cuando se fue para los Estados Unidos.
“¿Como le va a responder a las víctimas? ¿cómo les va a dar la cara? ¿cómo les va a pedir perdón”, se preguntó el magistrado.
Seguidamente explicó que la Ley de Justicia y Paz establece colaborar con las víctimas, con la verdad para el proceso de sanar las heridas, y esa misma ley establece que los postulados deben estar en el territorio nacional porque la ley prohíbe que salgan del país y que deben acudir a todas las diligencias judiciales
Si esto no se cumple podría llevar a que la Fiscalía solicite la exclusión del señor Mancuso del sistema de Justicia Transicional o Justicia y Paz, afirmó Pérez.
En este caso, los hechos, el insumo y las víctimas que ya fueron escuchadas, pasarían a los jueces ordinarios y los fiscales seguirían en el caso.
“El problema es que, si se va un juicio ordinario, los procesados no están obligados a hablar, por eso muchos de los hechos quedarían en la impunidad, porque si no hablan, no se tendrá la prueba o si fue desaparecida o desplazada no habrá suficiente material probatorio para condenar. La justicia difícilmente podría llegar a la verdad, inclusive de ubicación de cadáveres o fosas”, aseguró el presidente del Tribunal.
Dijo que en 10 años de la Ley de Justicia y Paz se han ordenado 16.000 investigaciones contra políticos, empresarios o personas beneficiadas con el paramilitarismo y se han realizado 7.000 exhumaciones de “cuerpos que nunca iban aparecer”.
“Esto no es un capricho judicial, el pedir una extradición es un mandato legal”, recalcó.
Desafortunadas y errado
Por último, el presidente de Tribunal se refirió a las declaraciones del presidente de la República, Iván Duque, que en días pasados señaló que Mancuso de irse a Italia, acudiría la Corte Penal Internacional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para traer a Colombia al exparamilitar Salvatore Mancuso, lo cual que calificó de desafortunadas.
Explicó que primero la Corte penal juzga personas y que actúa de forma complementaria, cuando los Estados no pueden o no quieren adelantar las investigaciones o los juicios.
“Pero aquí sí hemos actuado, la Fiscalía ha hecho su trabajo y los tribunales los hemos avalado y hemos permitido que se conozca el conflicto armado de tantos años, aquí se hay justicia que actúe y por tanto la corte no se puede activar”, sostuvo y añadió que solamente sugerir implica reconocer que “somos un estado fallido” y que “no tenemos un sistema de justicia”.
Además, informó que la Corte Penal Internacional no podría saber ningún crimen de Mancuso porque solo tiene competencia a partir del 2009 y este se desmovilizó en 2004.
Por su parte, el Tribunal Europeo solo juzga estados y a los que hacen parte del convenio. “Ni remotamente podrá asumir de esas investigaciones para esa persona”, dijo Pérez.
Autor: Hora 7/24
