Un año después los protagonistas de un histórico pacto de paz se reencuentran, y no precisamente para festejar. El acuerdo que desarmó en Colombia a la que fuera la guerrilla más poderosa de América vive horas de tensión en su primer aniversario.
El presidente Juan Manuel Santos y el jefe del ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa del Común, Rodrigo Londoño (Timochenko), vuelven al Teatro Colón de Bogotá donde un año atrás firmaron el acuerdo que terminó con las Farc como guerrilla, tras un enfrentamiento de medio siglo con millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, y que involucra a otros grupos armados.
Londoño, que sufrió en julio un accidente cerebro vascular leve que lo obliga a viajar con frecuencia a Cuba, pidió a Santos una reunión urgente para tratar los “incumplimientos” que le achaca al Estado en la implementación del acuerdo negociado por cuatro años en La Habana y que sobrevivió al rechazo en un plebiscito.
Sin el entusiasmo de hace un año, el mandatario y el exjefe guerrillero se encontrarán en el acto de conmemoración organizado por grupos sociales. “Yo dije desde el comienzo que este proceso iba a ser muy difícil, y que seguramente habrán críticas de un lado y del otro”, se justificó Santos, quien dejará el poder en agosto.
Enredo legislativo
El 15 de agosto las Farc entregaron a la Onu su último fusil. Casi 7.000 hombres y mujeres dejaron de combatir, y las muertes por el conflicto, que al inicio de los diálogos llegaban a 3.000 por año, se redujeron a 78, según cifras oficiales.
Tras el desarme avalado por la Onu, las Farc mantuvieron sus siglas de guerra pero le dieron un nuevo significado: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido con el que preparan su estreno electoral en los comicios legislativos y presidenciales de 2018.
Pese a su mala imagen en las encuestas (79% de rechazo según Gallup), el compromiso de La Habana les garantiza 10 curules en el Congreso de 268 escaños por dos períodos de cuatro años.
El acuerdo de 310 páginas prevé además reformas rurales y políticas que no han salido del papel. Y lo que más preocupa es la suerte que pueda correr la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgará los crímenes atroces cometidos durante el conflicto.
El Congreso, con una inestable mayoría oficialista, todavía no reglamenta el sistema bajo el cual guerrilleros y militares podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia. Los legisladores tienen hasta fin de mes para aprobar la normativa por vía rápida.
Postulado a la presidencia, Timochenko ha denunciado modificaciones esenciales a lo pactado, mientras los excombatientes están abandonando las 26 zonas donde se habían concentrado para su reincorporación social y económica, muchos desencantados con el proceso.
Al mismo tiempo, unos 23 exguerrilleros y 11 familiares de integrantes de la Farc han sido asesinados desde que se firmó la paz.
“El gobierno y el Estado le han incumplido al país. Las Farc hemos dado todo y mucho más de lo que hemos podido”, alega Pastor Alape, dirigente de la Farc y exnegociador del acuerdo. AFP
